Trayectorias de la institucionalidad cultural en Bolivia

Este artículo corresponde a la sección del Boletín de Noticias sobre patrimonio cultural. Y en esta edición hablamos sobre la reestructuración del Ministerio de Culturas de Bolivia y su contexto histórico.

Introducción

Los ministerios de cultura representan uno de los pilares más visibles del compromiso de un Estado con su memoria, su diversidad y su ciudadanía. Constituyen la plataforma administrativa e institucional desde la cual se diseñan políticas capaces de preservar el patrimonio, fortalecer las identidades colectivas y garantizar el acceso democrático a la vida cultural. Cuando la cultura cuenta con rango ministerial, adquiere un lugar estratégico en la agenda pública, lo que se traduce en recursos, continuidad programática y la capacidad de articular acciones con otras áreas del Estado, como educación, desarrollo social, turismo o economía.

Una oficina de menor jerarquía, suele predominar una visión instrumental, en cambio, un ministerio permite la planificación a largo plazo, fundamental para políticas de patrimonio, memoria histórica, formación artística, fomento a la creación y fortalecimiento de expresiones culturales de pueblos indígenas.

La figura óptima de los ministerios, es ser puentes entre la ciudadanía y el Estado, sobre todo permitir la participación. Es su tarea crear consejos consultivos, mesas de diálogo, sistemas nacionales de cultura, fondos de fomento concursables, por ejemplo. Ello permite que artistas, gestores culturales, comunidades locales, pueblos indígenas y colectivos sociales influyan en la toma de decisiones. Esta forma de trabajo democratiza la gestión cultural y reduce la tendencia a políticas verticales que han predominado históricamente en muchos países latinoamericanos, donde las culturas populares e indígenas fueron tratadas como objetos de tutela más que como sujetos de derecho.

A nivel internacional, desempeñan un papel importante en la adopción y cumplimiento de tratados y convenciones relacionadas con el patrimonio material e inmaterial, la diversidad de las expresiones culturales y los derechos de los pueblos originarios. En este sentido, articulan esfuerzos con organismos como la UNESCO, integrando estándares globales en las políticas nacionales. Esta interacción permite, además, el acceso a cooperación técnica, financiamiento y programas internacionales.

El ministerio es el órgano rector que diseña y orienta las políticas culturales, es responsable de coordinar, integrar y dar coherencia a estas políticas en el territorio nacional. Traduce principios y derechos culturales en programas y presupuesto. Construye una visión estratégica en planes nacionales de cultura, sistemas de información cultural, formación profesional del sector, patrimonio protegido, redes de museos, bibliotecas y archivos, entre otros. Involucra gobiernos locales, colectivos artísticos, pueblos indígenas, gestores culturales, universidades, empresas y organizaciones sociales.

La importancia de la cultura en los Estados de Latinoamérica

La política cultural ocupa hoy un lugar estratégico en la arquitectura institucional de los Estados, para la preservación patrimonial y componente central del desarrollo humano. Como señala Velázquez (2020), durante décadas se asumió que el progreso podía medirse únicamente desde indicadores económicos, relegando la cultura a un ámbito secundario, asociado a las élites intelectuales. Sin embargo, la incorporación progresiva de marcos internacionales —como el Convenio 169 de la OIT— obligó a los Estados a repensar la gestión cultural desde un enfoque más democrático, participativo para los pueblos indígenas. Esta transición dialoga con el planteamiento de Sen (2007), quien propone comprender el desarrollo como la expansión de libertades y oportunidades, más allá de la producción material; y se alinea con el paradigma de Desarrollo Humano del PNUD (2018), que coloca a las personas y sus capacidades culturales en el centro de la acción pública.

En esta misma línea, la discusión teórica sobre política cultural aporta herramientas para comprender la diversidad de modelos institucionales. Atehortúa (2008) recuerda que la UNESCO define la política cultural como el conjunto de operaciones y principios que guían la acción del Estado, aunque cada país adapta esta definición según sus valores y prioridades. Ochoa Gautier (1992) profundiza esta idea al destacar que la política cultural no es exclusiva del Estado, sino que implica a múltiples agentes, movimientos sociales, artistas, industrias culturales. De este modo, la institucionalidad cultural adquiere sentido en la medida en que expresa una voluntad pública de gestionar la diversidad y garantizar el derecho a participar de la vida cultural.

La política pública en la conformación de instituciones dedicadas a la cultura

La política pública es un paradigma de acción que tuvo diferentes perspectivas sobre cómo cada país la ha instalado como instrumento de desarrollo, manifestados en la creación de ministerios.

En Chile, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio articula la gestión cultural e implementa políticas culturales y patrimoniales que promueven el desarrollo equitativo y respetuoso de la diversidad cultural. De ahí que posee el Consejo Asesor de Pueblos Originarios, este representa un mecanismo de coordinación que encarna la política de incluir a los actores culturales en la toma de decisiones.

En Colombia, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes adopta una postura vanguardista al definir la cultura como el “aprovechamiento social del conocimiento”. Esta concepción, coherente con los planteamientos de Ochoa Gautier, amplía el campo cultural hacia los saberes colectivos, los imaginarios y las prácticas cotidianas, reconociendo la complejidad de una nación pluriétnica y en constante transformación. Su estructura institucional refleja esta amplitud al integrar viceministerios especializados en patrimonio, memorias, gobernanza cultural, artes, economía creativa y territorios bioculturales.

Por su parte, Ecuador y Perú han consolidado ministerios cuyos ejes se centran en la interculturalidad, la protección del patrimonio y el fortalecimiento de capacidades culturales. En Ecuador, el Ministerio de Cultura y Patrimonio articula el Sistema Nacional de Cultura desde una visión que vincula memoria social, patrimonio e innovación; mientras que el Perú, el Ministerio de Cultura incorpora explícitamente, dentro de su estructura, direcciones dedicadas a la ciudadanía intercultural, los pueblos indígenas y la población afroperuana, avanzando hacia políticas para el fortalecimiento de la diversidad cultural.

Estos países dan importancia institucional a la cultura, otras experiencias reflejan las prioridades políticas de cada Estado, entre las cuales no está la cultura. Argentina muestra un descenso de rango institucional de Ministerio de Cultura a Secretaría, ello implica pérdida de recursos y autonomía. Estas trayectorias contrastantes revelan que la presencia o ausencia de un rango ministerial no es un detalle administrativo, sino un indicador del valor otorgado a la cultura. Esta figura confirma lo planteado por Bravo (1992), donde los modelos institucionales responden a prioridades políticas, y cuando la cultura se percibe como prescindible, retorna rápidamente a niveles administrativos subordinados.

Brasil al igual que otros Estados es un ejemplo de los cambios hacia la importancia de la cultura para el desarrollo de los países. El caso de Brasil revela cómo la institucionalidad cultural puede fortalecerse o debilitarse según el proyecto político en curso. La historia del Ministerio de Cultura (MinC) —creado, disuelto, disminuido y restituido en varias ocasiones— evidencia que su rango ministerial no es meramente administrativo, sino una señal del valor que el Estado atribuye a la cultura. Su restablecimiento en 2023 recuperó políticas emblemáticas como el Sistema Nacional de Cultura y reinstaló órganos colegiados de participación, demostrando que un ministerio fuerte puede sostener programas de largo plazo aun frente a coyunturas adversas.

En suma dadas estas experiencias, se entiende que el ideal del rango ministerial abre la posibilidad de diseñar políticas que no sean verticales, virar hacia políticas dialogadas, inclusivas y coherentes con las múltiples formas de entender la vida cultural.

Institucionalidad y la política cultural en Bolivia

Historia de la institucionalidad de la cultura

A lo largo de la historia republicana de Bolivia, la institucionalidad cultural ha atravesado constantes cambios, mismo enlazados por prioridades e ideologías políticas de cada periodo histórico de Bolivia.

Pensar en la cultura como elemento de incidencia social comienza a mitad del siglo XX. Sánchez (2010) narra que la década de 1950 fue el primer paso hacia la conformación de programas dirigidos a la creación de sociedades científicas y museos. Se fomentó de las artes que entonces estaba conformada por el teatro, la danza y las artes plásticas.

En el documento Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien Sector Cultural 2021 – 2025 del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización (2021), se lee las transformaciones históricas en torno al establecimiento de las políticas culturales en Bolivia. En él se describe la historia de los cambios y el establecimiento de los ministerios de cultura.

El primer Ministerio de Cultura se creó en 1952, aunque su existencia fue breve debido a las tensiones políticas del momento, fue reemplazado por la Subsecretaría de Prensa, Informaciones y Cultura, dependiente de la Presidencia. Más adelante, en 1968, durante el gobierno de René Barrientos Ortuño, se estableció el Ministerio de Información y Cultura ―Sánchez (2010) denomina Ministerio de Información y Turismo―, posteriormente volvió a integrarse en la estructura del Ministerio de Educación bajo la denominación Educación y Cultura.

Este periodo de gobierno del Gral. René Barrientos (1965–1969) para Sánchez (2010) representa la inauguración de una etapa en la que, pese a la ausencia de una política cultural formal, se impulsa la creación del Ministerio de Cultura y el Departamento de Folclor, mientras su práctica política se apoya en una articulación militar-campesina que exalta símbolos e identidades indígenas y en un clientelismo urbano basado en actividades culturales recreativas; tras su muerte, el Gral. Ovando Candia fortalecerá la ideología nacionalista de Barrientos.

Ovando Candia durante la década de 1970 impulsó una línea de reapertura democrática retomando principios de 1952, y el Ministerio de Educación y Cultura elaboró por primera vez una política educacional, cultural y científica, con 38 objetivos, de los cuales 13 estaban destinados al ámbito cultural. Retoma y formaliza un enfoque nacionalista que defiende la cultura popular e indígena-mestiza, y en 1970 se presenta el primer documento oficial que concibe la cultura como un componente planificable del desarrollo, influido por la Teoría de la Dependencia y centrado en la integración bajo la metáfora del mestizaje (Sánchez, 2010; Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, 2021).

Posteriormente, en 1975, bajo el gobierno de Hugo Banzer Suárez, se creó el Instituto Boliviano de Cultura (IBC), dirigido por Julia Elena Fortún. El periodo descrito entre 1952 y 1985 Sánchez (2010) denomina el Estado Nacionalista, espacio de tiempo en que se construye la identidad y la cultura nacional.

El autor continúa, afirma que el periodo entre 1985 y 1993 no marco trascendencia en el establecimiento de políticas culturales, el IBC pierde funcionalidad, este periodo es básicamente la continuidad de la política nacionalista. Se reconoce sí, la heterogeneidad de identidades pero no existe un cuerpo teórico que lo plantee.

En 1993 con la Reforma de la Constitución Política del Estado se reconoce en la ley la multiculturalidad y pluriculturalidad, identidades, costumbres y pueblos indígenas y campesinas. Además da la igualdad jurídica de todos los ciudadanos que la Ley de Participación Popular facilita, junto a la distribución de recursos para municipios, prefecturas, organizaciones campesinas y étnicas, juntas vecinales. En estas transformaciones surge la Secretaría Nacional de Cultura, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, pero su potencial no se tradujo en un verdadero fortalecimiento de la cultura, a pesar de sus pilares de defensa y preservación del patrimonio cultural y sus dependencias la Subsecretaría de Patrimonio Cultural y de Promoción Cultural y la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Años después, en 1997 la Secretaria fue reemplazada por el Viceministerio de Cultura dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Más adelante, en 2006, se creó el Viceministerio de Desarrollo de Culturas todavía con dependencia del Ministerio de Educación, y en 2009, sube un rango independiente como Ministerio de Culturas, con los Viceministerios de Interculturalidad y Descolonización, sentando las bases de la denominada Revolución Democrática y Cultural compromisos adquiridos por la Nueva Constitución Política del Estado.

Este es otro de hito histórico de transformación de la política cultural, con la Nueva Constitución, Bolivia se funda en la plurinacionalidad, autonomía e interculturalidad, otorga la libre determinación a las naciones y pueblos indígenas originario campesinos. Además las lenguas son reconocidas oficialmente como idiomas del Estado Plurinacional de Bolivia nuevo denominativo del Estado. Se estableció jurídicamente en el Art. 99, la protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión del patrimonio cultural. Es un periodo donde la patrimonialización se convierte en un valor de reconocimiento de las expresiones culturales, las aspiraciones de nombramientos de patrimonio cultural material e inmaterial se multiplican.

En el turbulento 2020, mediante el Decreto Supremo Nº 4297 y por motivos políticos se cierra el Ministerio de Culturas y Turismo. El silencio institucional duro poco, tras las elecciones presidenciales es restituido en noviembre del mismo año, bajo la nominación de Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

El desaparecido Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización contaba con tres Direcciones Regionales —Altiplano, Valles y Oriente— que dependían directamente del Despacho Ministerial. El documento Manual de Organización y Funciones (MOF) del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización (2023) describe que las Direcciones Regionales como instancias territoriales tenían funciones compartidas y adaptadas al contexto sociocultural de cada región. Su labor principal consistía en promover, coordinar y ejecutar programas y proyectos destinados a la defensa, salvaguarda, gestión, registro y catalogación del patrimonio cultural inmaterial del Estado, conforme al marco legal vigente.

Entre sus funciones específicas en el ámbito del patrimonio inmaterial, se encontraban: consolidar una gestión participativa y territorializada del patrimonio cultural inmaterial, involucrando de manera activa a comunidades indígena originario campesinas, afrobolivianas, organizaciones sociales y gobiernos subnacionales. Esto incluye la organización de procesos de sensibilización, la promoción de planes de salvaguarda y el impulso de proyectos de intercambio de saberes, todo enmarcado en un enfoque que reconoce la diversidad cultural como eje estructural del Estado Plurinacional. A ello se suma la labor de recopilar, registrar y sistematizar investigaciones sobre idiomas y expresiones culturales, con el fin de diseñar políticas que garanticen la protección lingüística y el fortalecimiento identitario en cada territorio (Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, 2023).

Paralelamente, estas atribuciones implican responsabilidades técnicas de planificación y gestión institucional. Entre ellas se encuentran la elaboración y actualización de instrumentos metodológicos para las entidades territoriales autónomas, el diseño de estrategias educativas para la valoración del patrimonio inmaterial y la producción de estadísticas cualitativas y cuantitativas que permitan comprender su estado y evolución. La formulación del Plan Operativo Anual y el seguimiento de su ejecución complementan este marco, asegurando que las acciones emprendidas cuenten con respaldo técnico, recursos asignados y mecanismos de monitoreo que garanticen su efectividad en la protección y transmisión de las expresiones culturales vivas del país (Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, 2023).

Estas regionales mantenían relaciones institucionales con diversas entidades públicas y privadas vinculadas a su ámbito de acción, incluyendo órganos del Estado (Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral), instituciones del sector público, organismos internacionales, organizaciones sociales y la sociedad civil en general.

La estructura general del Ministerio se organizaba en torno a dos viceministerios:

1. Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización, conformado por:

• Dirección General de Descolonización y Despatriarcalización, con unidades de Formación; Descolonización y Despatriarcalización de la Gestión Pública; Protección y Promoción de las Expresiones Culturales de las NPIOC y Afrobolivianas; e Investigación de Saberes y Conocimientos Ancestrales.
• Dirección General de Lucha Contra el Racismo y toda forma de Discriminación.

2. Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas, dividido en:

• Dirección General de Patrimonio Cultural, con unidades de Herencias Culturales Materiales; Herencias Culturales Inmateriales; y Conservación, Salvaguarda y Sistemas de Registro.
• Dirección General de Bienes Culturales, con unidades de Regulación Técnica; Museos, Arqueología e Información; y Centros Culturales y Promoción.
• Dirección General de Industrias Culturales y Creativas, con unidades de Expresiones y Gestión Cultural; Industrias Culturales y Economías Creativas; y Fortalecimiento de las Industrias Culturales.

Finalmente en el documento del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización (2023), describe que otras entidades también dependían directamente del Despacho Ministerial: la Orquesta Sinfónica Nacional, la Agencia de Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos (ADECINE) y el Centro de Investigación Arqueológica, Antropológica y Administración de Tiwanaku (CIAAAT).

La condición de la cultura en el nuevo gobierno boliviano 2025

Este es un análisis a partir de las secciones desarrolladas de este documento. Los cambios políticos acontecidos en Bolivia tiene la visión de la reconfiguración principalmente económica del Estado. En esa visión, hoy el Ministerio de cultura, Descolonización y Despatriarcalización fue subsumido al Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, posee el Viceministerio de Fomento al Turismo Sostenible, el Viceministerio de Gastronomía y el Viceministerio de Culturas y Folklore.

Las atribuciones del Viceministerio de Culturas y Folklore, refieren abarcan la protección de los bienes materiales e inmateriales —desde piezas documentales, arquitectónicas y arqueológicas hasta ritualidades, festividades, músicas y saberes ancestrales— mediante acciones de conservación, restauración, registro y catalogación. También establece la necesidad de generar políticas que prevengan el tráfico ilícito, regulen museos y centros culturales, y reconozcan la propiedad colectiva y comunitaria del patrimonio. De manera complementaria, impulsa investigaciones y la producción de información estadística que permita conocer con precisión el estado y la diversidad de las expresiones culturales del país.

Al mismo tiempo, estas funciones buscan dinamizar la vida cultural mediante programas de difusión, intercambio artístico y promoción de las industrias culturales y la economía creativa. Se enfatiza la coordinación institucional con gobiernos autónomos, pueblos indígena originario campesinos y organizaciones tradicionales para fortalecer el folklore, generar información cuantitativa y cualitativa sobre artistas y garantizar los derechos colectivos de los portadores de tradición. Finalmente, se promueve la inserción del patrimonio en circuitos turísticos sostenibles y la participación activa de Bolivia en foros y declaratorias internacionales, proyectando su riqueza cultural como parte de una estrategia de soberanía y desarrollo.

Implicancias entre ministerio y viceministerio

La diferencia entre un Ministerio y un Viceministerio conlleva implicaciones técnicas que inciden directamente en la capacidad de gestión pública, el alcance de sus decisiones y el impacto real de sus políticas. Un Ministerio posee la facultad de diseñar políticas de Estado, lo que implica una visión estratégica a largo plazo, capacidad normativa y autoridad para definir prioridades nacionales dentro de su sector. Esta potestad se acompaña de la administración de un presupuesto propio, que permite planificar y ejecutar programas con autonomía técnica y financiera. Además, cuenta con representación internacional directa, lo que habilita la firma de convenios, la participación en foros globales y la construcción de alianzas que fortalecen su agenda institucional. Su capacidad de negociación interministerial y su rol articulador lo convierten en un ente capaz de coordinar sistemas nacionales complejos, garantizando coherencia y alcance transversal en las políticas públicas.

En contraste, un Viceministerio tiene un ámbito de acción más operativo y restringido. Su función principal es ejecutar lineamientos definidos por una instancia jerárquica superior, lo que reduce su margen de decisión y lo subordina a prioridades establecidas por el Ministerio del cual depende. También carece de un presupuesto independiente, por lo que su capacidad de acción se ajusta al financiamiento asignado y aprobado por instancias superiores. En el plano internacional, su representación es limitada o indirecta, lo que restringe su participación en procesos de cooperación y diplomacia cultural o sectorial. Su poder de negociación interinstitucional también es reducido, ya que no lidera mesas de decisión de alto nivel (para mayor detalle revisar el Decreto Supremo Nº 4857, 6 de enero de 2023).

En suma, un Viceministerio opera bajo una lógica de dependencia jerárquica, enfocada en la operativización de políticas ya diseñadas, lo que puede restringir su capacidad de influir en la definición de estrategias nacionales y en la articulación de sistemas sectoriales de gran alcance.

A continuación se expone las atribuciones del actual Viceministerio de Culturas y Folklore fijadas en el Decreto 5488 del 16 de noviembre de 2025, “CAPÍTULO XVII» ARTÍCULO 107:

ARTÍCULO 107 BIS.- (ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE CULTURAS Y FOLKLORE). Las atribuciones del Viceministerio de Culturas y Folklore, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

a) Desarrollar acciones de protección de las riquezas culturales, religiosas, históricas y documentales, promoviendo su salvaguardia y conservación;
b) Formular políticas de protección, salvaguarda y difusión de la diversidad de expresiones culturales;
c) Implementar programas y proyectos para la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales enfocadas a la industria cultural y economía creativa;
d) Implementar planes, programas y proyectos de difusión, promoción e intercambio cultural y artístico dentro y fuera del país;
e) Desarrollar la investigación, recuperación, conservación, registro, reconocimiento de la propiedad de los bienes culturales colectivos y comunitario del Estado Plurinacional;
f) Elaborar planes, programas y proyectos de investigación, recuperación, restauración, conservación, registro y catalogación del patrimonio cultural del Estado Plurinacional;
g) Promover y gestionar la declaratoria del Patrimonio Cultural Boliviano como patrimonio mundial, de acuerdo a las convenciones internacionales;
h) Formular políticas y estrategias de prevención y lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales;
i) Promover el rescate de las costumbres milenarias vinculadas a la ritualidad, la medicina tradicional, las expresiones religiosas y festivas, apoyando su conservación y difusión como estrategia de soberanía cultural;
j) Desarrollar normas y procedimientos de clasificación y regulación para museos y centros culturales públicos y privados;
k) Gestión y administración de museos, centros culturales, sitios arqueológicos, arquitectónicos, paleontológicos e instituciones de conservación;
l) Promover estrategias para impulsar las industrias culturales y economías creativas, públicas, comunitarias y privadas;
m) Generar información estadística nacional cuantitativa y cualitativa sobre artistas bolivianos, manifestaciones culturales, sitios de interés cultural y Patrimonio Cultural Boliviano;
n) Formular políticas, normas y lineamientos para la preservación, promoción y salvaguardia del folklore boliviano;
o) Registrar, documentar y proteger danzas, músicas, saberes, vestimentas, festividades y otras expresiones tradicionales;
p) Coordinar declaratorias nacionales e internacionales de patrimonio;
q) Coordinar con las instancias competentes de los gobiernos autónomos, pueblos indígena originario campesino, instituciones, fraternidades y organizaciones de tradición para ejecutar políticas y proyectos folklóricos;
r) Impulsar programas de fortalecimiento, capacitación, difusión y profesionalización de agrupaciones y expresiones folklóricas;
s) Organizar y apoyar festivales, circuitos y eventos culturales;
t) Incorporar el folklore en la oferta turística sostenible, en festividades, circuitos y productos culturales que generen desarrollo económico local;
u) Realizar estudios, generar estadísticas y mantener archivos y sistemas de información sobre el patrimonio folklórico nacional;
v) Garantizar el respeto y la protección de los derechos colectivos y autorales de los portadores de tradición, evitando usos indebidos;
w) Gestionar cooperación cultural y representar al país en foros internacionales sobre patrimonio y folklore.”

Para su análisis de sugiere considerar las funciones que se le otorga al Viceministerio y sus atribuciones en cuanto a construcción de políticas públicas y normativas, también gestionar cooperación cultural, representar al país en foros internacionales, y Gestionar declaratorias con UNESCO. Para lo cual es necesario un trabajo conjunto y articulado con su Ministerio. De no existir, el Viceministerio solo quedaría en un rol indirecto, dependiente de su MAE, es técnico y operativo. Ello provocaría una dispersión institucional, dificultades de cumplimiento, eficacia y claridad del sistema cultural estatal.

Conclusiones

La historia institucional de la cultura en Bolivia revela un patrón cíclico que oscila entre su reconocimiento estratégico y su relegación. La constante alternancia entre la elevación o reducción de rango —de ministerio a viceministerio y viceversa— demuestra que la cultura no ha sido asumida como una verdadera política de Estado, sino tratada como política de gobierno. Su lugar dentro de la estructura pública ha dependido de coyunturas políticas y de las disputas ideológicas en torno a la aceptación y convivencia con la diversidad cultural del país.

En los momentos de fortalecimiento institucional, como en 1970 con la formulación de una política cultural explícita o en 2009 con la creación del Ministerio de Culturas, se abrió la posibilidad de implementar políticas orientadas al reconocimiento de las naciones y pueblos indígenas, así como de articular una visión cultural alineada con el nuevo Estado Plurinacional. La posterior incorporación de áreas como turismo, industrias creativas, idiomas y despatriarcalización buscó otorgar valor simbólico, social y económico a la cultura, sosteniendo una estructura con viceministerios especializados, direcciones regionales y entidades estratégicas que permitieron consolidar metodologías, normativas y un enfoque intercultural más coherente.

Sin embargo, los periodos de cierre o disminución de rango —como en 1952, 2020 y ahora 2025— muestran la fragilidad de esta institucionalidad. En contextos de crisis política o económica, la cultura suele ser tratada como prescindible. Su eliminación como ministerio implica reducción presupuestaria, pérdida de autonomía técnica, debilitamiento de procesos de salvaguarda, investigación y participación social, y una fractura en las políticas de memoria e identidad colectiva.

Todo ello muestra que Bolivia aún no ha consolidado una política cultural estratégica. Es resultado de un sistema cultural frágil y dependiente de voluntades coyunturales, sin una base estable que garantice continuidad, sostenibilidad y desarrollo a largo plazo. Incluso en el periodo del Estado Plurinacional, y pese a contar con la institucionalidad a su favor, no se ha logrado aquello ya que:

la definición y uso del concepto de “patrimonio cultural” que hace el Estado es una manera estratégica de inclusión subordinada de la diversidad cultural al modelo modernista a partir del fortalecimiento de las instituciones (…). (Mújica Angulo 2025:17)

De lo cual también podemos reflexionar en la importancia de analizar la «nueva» terminología y conceptos empleados en la actual configuración del viceministerio. En concreto, el retorno al uso del concepto de «folklore» y otros no resueltos en el Estado Plurinacional, como el «reconocimiento de la propiedad de los bienes culturales colectivos y comunitario», o la «protección de los derechos colectivos».

En el ámbito internacional, la política cultural ocupa un lugar estratégico, se reconoce su papel en la preservación del patrimonio, la ampliación de libertades, la construcción de ciudadanía y el desarrollo humano integral. Durante décadas predominó la idea de que el progreso se medía únicamente con indicadores económicos. Los marcos internacionales y los enfoques contemporáneos de desarrollo impulsaron un cambio hacia políticas más democráticas, participativas y centradas en las capacidades culturales de las personas y los pueblos. La institucionalidad cultural, entendida como un conjunto de principios y operaciones que orientan la acción pública, adquiere sentido cuando articula a múltiples actores sociales y reconoce la diversidad como una riqueza colectiva.

En conjunto, las experiencias comparadas evidencian que un rango ministerial no solo posiciona la cultura en el centro de las prioridades estatales, en un marco mayor, abre la posibilidad de diseñar políticas no verticales, dialogadas, inclusivas y coherentes con la multiplicidad de formas en que se vive y se expresa la cultura. Para Bolivia, este recorrido histórico y regional reafirma la urgencia de construir una política cultural estable, estratégica y sostenida, capaz de trascender los ciclos políticos y garantizar la continuidad de la memoria, la diversidad y los derechos culturales del país.

Bibliografía

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Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización (2021) Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien Sector Cultural 2021 – 2025.

Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización (2023). Manual de Organización y Funciones (MOF).

Mújica Angulo, Richard. (2025). Cultura, desarrollo y patrimonialización: Acercamiento a la vinculación entre desarrollo y patrimonio cultural en Bolivia. Revista PachaKamani, (2). Recuperado a partir de https://pachakamani.com/revista/index.php/rpk/article/view/15

Sánchez, Walter Canedo (2010). Estado del arte sobre el Patrimonio Cultural Intangible en Bolivia. Miradas a la gestión del PCI de América Latina: avances y perspectivas. Es parte del estudio “Estados del arte sobre las políticas públicas para la salvaguardia del PCI de los países miembro del CRESPIAL”. UNESCO – CRESPIAL.

Sen, Amartya (2007). Identidad y violencia: la ilusión del destino – Katz.

Velázquez, Mario Alberto García; Soto, Estefanía Carrasquel (2020). La cultura como política pública para el desarrollo de las comunidades indígenas en el estado de Hidalgo, México. Retos y avances. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. XXV, núm. 50, pp. 75-103. Universidad de Colima.

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